El Gobierno redobla la embestida contra la Corte Suprema: además del juicio político, insiste en ampliar el tribunal
Pese a las demoras para reunir a los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político y al silencio en el que se sumergió el kirchnerismo, Alberto Fernández decidió re...
Pese a las demoras para reunir a los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político y al silencio en el que se sumergió el kirchnerismo, Alberto Fernández decidió redoblar la embestida contra la Justicia: además del pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, el Presidente incluyó en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias un proyecto para elevar el número de magistrados del máximo tribunal.
El Gobierno envió al Congreso de la Nación un decreto con 27 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias a partir del próximo 23 de enero, una semana después de lo que estaba planeado inicialmente. El decreto de convocatoria a extraordinarias llevó la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
En la órbita de temas judiciales también se vuelve a insistir con la designación del Procurador General de la Nación, cargo que cuya titularidad está vacante desde octubre de 2017: el pliego con el nombre del juez Daniel Rafecas descansa en el Senado, donde el kirchnerismo sostiene su mayoría, sin mayores novedades desde febrero de 2020.
El peronismo se prepara para ser oposición
En el temario se incluye el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura. Eje de uno de los principales focos de conflicto con la Corte, en el escrito se consigna que tras el fallo del máximo tribunal que en 2021 ordenó regresar a la conformación de 20 miembros del órgano que selecciona y controla a los jueces, se “exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de CIENTOVEINTE (120) días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.
En el temario que se indica en el anexo que forma parte del decreto “se incorporan iniciativas que tienen como objetivo mejorar el sistema de salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos, así como regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”, se consignó.
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